La Cámara declaró inconstitucional, en un caso puntual, la movilidad de la Ley 27.609 sancionada en el gobierno de Alberto Fernández

La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del artículo 1 de la Ley 27.609 —la fórmula de movilidad sancionada el 29 de diciembre de 2020 y promulgada el 1 de enero de 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández— en un caso puntual y ordenó recalcular el haber con la fórmula de la Ley 27.426 hasta junio de 2024. La sentencia no dispone un ajuste automático para el resto de los beneficiarios.

El 13 de noviembre de 2026, en la causa «GALLETTA CARMEN c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS» (expediente CSS 24798/2024/CA001), los jueces Juan Alberto Fantini Albarenque y Nora Carmen Dorado revocaron la sentencia de grado que había rechazado el reajuste. El fallo completo está en la ficha de jurisprudencia 133744/2026 de +bdc. El juez Walter F. Carnota no suscribió porque se encontraba de licencia.

La actora, una beneficiaria cuyo haber había sido redeterminado en un proceso anterior, cuestionó los regímenes de movilidad aplicados a su prestación, adquirida el 10 de junio de 2010. La Cámara examinó la fórmula de la Ley 27.609 en todo su período de aplicación y concluyó que, entre marzo de 2021 y marzo de 2024, las prestaciones aumentaron un 553,55%, mientras que un parámetro basado en el IPC habría alcanzado el 1.129,07%. Esa diferencia, según el tribunal, representó una pérdida aproximada del 46,83% del poder adquisitivo.

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La fórmula quedó descalificada por sus resultados, no por su origen

El voto preopinante, al que adhirió la jueza Dorado, sostuvo que la validez de una norma puede verse afectada de manera sobreviniente. La fórmula de la Ley 27.609, que combina la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria y no incluye una pauta inflacionaria ni un piso mínimo, no merecía reproche al tiempo de su sanción, según el tribunal. La aceleración inflacionaria posterior, sin embargo, habría puesto en evidencia ese defecto estructural y un desfasaje que el propio Poder Ejecutivo reconoció al sustituir el régimen con el Decreto 274/2024.

Para recomponer el haber en el caso concreto, la Sala ordenó aplicar de manera continua, desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive, la fórmula de la Ley 27.426, integrada en un 70% por el IPC y en un 30% por el RIPTE. A partir de julio de 2024 dispuso el empalme con el régimen mensual del Decreto 274/2024, para evitar distorsiones o superposiciones. El tribunal aclaró que esa ultraactividad no crea un sistema general obligatorio, sino una solución razonable para el caso, y que la liquidación no puede arrojar un haber inferior al que hubiera correspondido ni habilitar el doble pago de un mismo concepto.

También declaró la inconstitucionalidad del artículo 9, inciso 3, de la Ley 24.463 si, en la etapa de liquidación, la aplicación de los topes genera una quita igual o superior al 15%. Rechazó, en cambio, el planteo contra el artículo 55 de la Ley 27.541, hizo lugar a la prescripción opuesta por el organismo previsional, fijó la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central e impuso las costas de ambas instancias a la demandada.

El tribunal recordó que, el 4 de diciembre de 2025, la Corte Suprema desestimó un planteo de inconstitucionalidad contra la Ley 27.426 en la causa «Fernández Pastor». Ese precedente avala la pauta mixta que ahora se aplica como remedio, pero no implica un pronunciamiento del máximo tribunal sobre la Ley 27.609 en este expediente. La sentencia de la Sala II, por lo tanto, rige para la beneficiaria de autos y no autoriza a anticipar un recálculo general de haberes.