El bloqueo de la CUIT y sus límites: cuando el control fiscal impide trabajar

Por Marcos Felice

La CUIT permite identificar al contribuyente, pero su operatividad condiciona buena parte de su actividad económica. Por eso, la facultad de limitarla plantea una cuestión que excede la organización de un registro: ¿puede ARCA impedir que una persona facture y desarrolle su actividad mientras investiga su situación fiscal? La respuesta no puede depender solamente de que el sistema haya detectado una inconsistencia. La gravedad de la restricción exige examinar su fundamento, su necesidad y las garantías que preceden y acompañan su aplicación.

Sostenemos que el bloqueo general de la CUIT debe abandonarse como herramienta ordinaria de administración tributaria. La prevención de la evasión justifica controles eficaces, pero no una paralización económica automática, indefinida o utilizada para obtener el cumplimiento de obligaciones. Aunque el ordenamiento reconoce facultades preventivas, su ejercicio no habilita a tratar una sospecha como una infracción comprobada ni a trasladar al contribuyente el costo de las demoras del organismo.

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El artículo 35, inciso h), de la Ley 11.683 contiene hoy una habilitación legal expresa.^[1] Por ello, afirmar que ARCA carece de toda competencia preventiva sería incorrecto. La objeción es otra: una atribución legal amplia no torna válida cualquier restricción. Cuando la medida impide sostener una actividad real, sin una justificación individual suficiente y sin defensa efectiva, el control fiscal se transforma en una exclusión del circuito económico formal que resulta incompatible con los derechos que debe respetar.

1. La limitación registral y sus consecuencias materiales

La Resolución General (AFIP) 3832/2016 organiza estados administrativos de la CUIT y vincula determinadas inconsistencias con restricciones de acceso y operación.^[2] Entre sus supuestos se encuentran incumplimientos registrales, ausencia de determinadas declaraciones juradas o movimientos e inclusión en la base de contribuyentes no confiables. Son situaciones diferentes: una omisión formal, una empresa sin actividad y una organización dedicada a emitir documentación ficticia no presentan el mismo riesgo ni admiten idéntica respuesta.

El artículo 6 de esa resolución prevé efectos sobre servicios, registros y autorizaciones de comprobantes. Su Anexo II mantiene servicios mínimos y, según el supuesto, los necesarios para subsanar inconsistencias. Por consiguiente, una CUIT limitada no equivale necesariamente a la imposibilidad absoluta de presentar declaraciones juradas, pagar o ingresar a todos los sistemas de facturación. El acceso a una aplicación y la autorización efectiva para emitir comprobantes son cuestiones distintas.

La distinción técnica no reduce la gravedad del problema. Si el responsable ingresa al sistema, pero no obtiene la autorización necesaria para documentar una operación, la actividad igualmente puede quedar interrumpida. Tampoco alcanza con conservar un canal para efectuar descargos cuando la restricción priva al negocio de los ingresos que necesita para sobrevivir durante su tramitación. El alcance material debe comprobarse en cada caso, sin quedar limitado al nombre asignado al estado registral.

La identificación fiscal tampoco es una certificación general de buena conducta. Mantener operativa la CUIT no implica aprobar todas las operaciones del sujeto, garantizar la legitimidad de sus comprobantes o renunciar a fiscalizarlo. Confundir esas funciones convierte un dato indispensable para relacionarse con el Estado en una autorización precaria para participar del mercado. Ese desplazamiento explica por qué una medida presentada como administrativa puede adquirir efectos semejantes a los de una clausura.

2. La autorización legal no elimina el control constitucional

La incorporación del inciso h) al artículo 35 provino del artículo 189 de la Ley 27.430. Su finalidad es prevenir maniobras de evasión y comprende medidas sobre la condición de inscripto, comprobantes y determinados actos económicos. Para la suspensión de la condición de inscripto, la disconformidad tiene efecto suspensivo; el reclamo debe resolverse en cinco días. La decisión definitiva puede impugnarse por la vía del artículo 23 de la Ley 19.549.^[1]

Esta regulación obliga a separar dos problemas. Uno es la existencia de una fuente legal para la actuación preventiva. Otro, la compatibilidad de la medida concreta con la Constitución. La ley responde al primero, pero no resuelve anticipadamente el segundo. La invocación de una competencia no reemplaza la demostración de los hechos que justifican ejercerla ni permite prescindir de la razonabilidad de sus consecuencias.

La libertad de trabajar y ejercer industria lícita, la propiedad y la defensa encuentran protección en los artículos 14, 17 y 18 de la Constitución Nacional. El artículo 28 impide que su reglamentación altere esos derechos.^[3] Desde esa perspectiva, cuanto más se aproxima la restricción a una imposibilidad de operar, mayor debe ser la exigencia de fundamento y de control. La eficacia recaudatoria no constituye por sí sola una razón suficiente para aceptar el sacrificio de la actividad económica.

La prevención tampoco exige esperar a que el fraude se consume. ARCA puede investigar y actuar frente a riesgos comprobables dentro de sus atribuciones. Lo objetable es convertir cualquier diferencia informativa en un riesgo equivalente y, a partir de allí, imponer una limitación que exceda las operaciones cuestionadas. Una facultad preventiva debe guardar relación con un peligro identificable; si funciona como respuesta indiferenciada al incumplimiento, se desnaturaliza su finalidad.

3. El antecedente de la cancelación automática

La Resolución General (AFIP) 3358/2012, sustituida por la RG 3832, había establecido un régimen de cancelación de CUIT para determinados sujetos.^[4] El cambio posterior de denominación y procedimiento no hizo desaparecer el debate sobre las consecuencias de privar al contribuyente de una identificación operativa.

En «FDM Management», la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó restablecer la CUIT bajo aquel régimen. Gisela Dambrosi y Marcos Morán, en «Resolución general AFIP 3832/16: un ejemplo de control de la actividad estatal en materia tributaria y sus efectos», reseñan el pronunciamiento y destacan sus objeciones sobre competencia, proporcionalidad e inversión del procedimiento: la restricción precedía a la defensa del afectado.^[5]

La Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario el 20 de agosto de 2014 por inadmisibilidad.^[6] Esa decisión dejó subsistente la sentencia recurrida; no constituye un pronunciamiento de fondo de la Corte sobre la habilitación legal incorporada años después. El antecedente pertenece a un marco normativo anterior, aunque conserva relevancia para advertir los riesgos de una actuación que primero paraliza y luego obliga a demostrar que la paralización era improcedente.

La evolución normativa impide repetir mecánicamente el argumento histórico de ausencia de ley. Sin embargo, también impide sostener el razonamiento inverso: que la reforma de 2017 habría saneado cualquier defecto del régimen. La necesidad de una decisión fundada, de una restricción proporcionada y de una defensa útil subsiste frente a una ley, un reglamento y su aplicación informática. Ninguno de esos planos queda fuera del control constitucional.

4. Una medida preventiva que puede funcionar como sanción

El carácter preventivo depende de la finalidad y de los efectos de la decisión. Si una empresa permanece impedida de facturar hasta satisfacer todas las exigencias administrativas, sin una relación concreta entre cada exigencia y el riesgo investigado, la medida opera como presión. Si, además, se prolonga sin respuesta, sus consecuencias pueden ser más graves que las de una sanción con duración determinada.

Javier Augusto Sánchez Buteler, en «Medidas preventivas o restricciones arbitrarias», cuestiona la amplitud de estas atribuciones y el carácter materialmente sancionatorio que pueden adquirir. Reclama garantías que permitan conocer los cargos, acceder a los antecedentes y ejercer la defensa antes de soportar restricciones gravosas.^[7] La objeción resulta pertinente: llamar preventiva a una decisión no neutraliza su contenido aflictivo ni justifica que su duración dependa de la capacidad del afectado para superar obstáculos administrativos.

Desde nuestra posición, el bloqueo no debe servir para obtener rectificaciones, pagos o reconocimientos que el contribuyente discute. La Administración dispone de procedimientos para determinar obligaciones y perseguir su cobro. Reemplazarlos por una restricción económica altera la relación entre autoridad y administrado: la discusión deja de desarrollarse entre argumentos y pruebas y pasa a resolverse bajo la necesidad de recuperar ingresos.

Tampoco toda irregularidad acredita inexistencia de actividad. La falta de empleados propios, por ejemplo, debe apreciarse de acuerdo con el servicio prestado, la contratación de terceros, la estructura del negocio y la documentación disponible. La evaluación de capacidad económica no puede descansar exclusivamente en una imagen empresarial uniforme. Un criterio adecuado para una actividad industrial puede resultar inadecuado para una prestación profesional o una intermediación legítima.

Ello no obliga a aceptar comprobantes ficticios ni impide investigar estructuras simuladas. Exige demostrar por qué los elementos del caso revelan ese riesgo y por qué la respuesta elegida resulta necesaria. La insuficiencia de una explicación del contribuyente puede justificar nuevas medidas de comprobación; no convierte automáticamente cualquier bloqueo en una consecuencia razonable.

5. El acto administrativo y el derecho a conocer la imputación

Los artículos 1 bis y 7 de la Ley 19.549 reconocen principios de tutela efectiva y exigen competencia, causa, procedimiento, motivación y finalidad. El artículo 9 prohíbe las vías de hecho y la ejecución cuando existe un recurso con efecto suspensivo pendiente.^[3] Estas exigencias no desaparecen porque la restricción se comunique mediante un servicio digital.

Un mensaje que informa «CUIT limitada» puede describir un resultado, pero no necesariamente explica su fundamento. El afectado necesita conocer qué operaciones se cuestionan, qué inconsistencias se detectaron, qué antecedentes se consideraron y qué autoridad asumió la decisión. Sin esos elementos, el descargo queda reducido a una defensa frente a una imputación indeterminada y la solicitud de rehabilitación se convierte en una búsqueda incierta de requisitos.

La motivación también debe alcanzar la intensidad de la medida. No basta explicar por qué se investiga al responsable; corresponde justificar por qué esa investigación requiere impedirle realizar otras operaciones. Si la observación se refiere a un período, un proveedor o una línea de negocios, la extensión del bloqueo a toda la actividad necesita una explicación adicional. La amplitud de los efectos no puede resultar simplemente de las posibilidades técnicas del sistema.

La duración integra el mismo examen. Una medida que inicialmente pudiera justificarse puede volverse ilegítima por su mantenimiento sin revisión, por la desaparición del riesgo o por la falta de respuesta a prueba relevante. La temporalidad no queda satisfecha porque la norma utilice la expresión «suspensión temporal». Debe existir una posibilidad real de recuperar la operatividad dentro de un procedimiento previsible y oportuno.

6. La impugnación suspensiva y la jurisprudencia reciente

En «Interup SA c/ EN-ARCA-resol 3832/16 s/amparo ley 16.986», la Sala II resolvió el 23 de septiembre de 2026 que correspondía rehabilitar provisoriamente la CUIT mientras ARCA no resolviera de manera expresa y fundada el reclamo administrativo. Los antecedentes aportados por el organismo acreditaban una solicitud de cambio de estado presentada el 24 de julio de 2024.^[8]

La Cámara diferenció esa cuestión de la revisión sustancial de la incorporación a la base de contribuyentes no confiables. Para esta última mantuvo el rechazo del amparo por requerir mayor debate y prueba. La rehabilitación provisional, por tanto, no declaró legítimas las operaciones ni ordenó retirar definitivamente a la sociedad de la base. Impidió que la Administración mantuviera ejecutada una restricción mientras estaba pendiente la impugnación a la que la ley atribuye efecto suspensivo.

La Sala IV había seguido una distinción equivalente en «Franklin Callizaya c/ ARCA – Dto. 953/24 s/amparo ley 16.986», del 11 de junio de 2026. Confirmó la rehabilitación provisoria ante la ausencia de resolución expresa del reclamo, sin admitir que el amparo sustituyera el debate sobre la inclusión en la base APOC.^[9] Ambos antecedentes muestran que recuperar la operatividad y obtener una decisión definitiva sobre la confiabilidad fiscal son pretensiones diferentes.

La consecuencia práctica es relevante: el efecto suspensivo no depende de que el organismo encuentre conveniente concederlo. Cuando corresponde legalmente, mantener el bloqueo mientras se decide el reclamo contradice la garantía establecida. El contribuyente no debería necesitar un proceso judicial para obtener un efecto que la propia ley asigna a su presentación. La reiteración de estos conflictos revela una debilidad del sistema de protección administrativa.

Sin embargo, la decisión final del reclamo modifica el escenario procesal. La garantía suspensiva durante su tramitación no equivale a una inmunidad permanente ni permite afirmar que cualquier demanda judicial posterior mantiene automáticamente la rehabilitación. Frente a una decisión adversa corresponde examinar la impugnación judicial y, si existe urgencia, la tutela cautelar pertinente. La estrategia depende del acto, de las fechas y del perjuicio acreditable.

7. Los pronunciamientos que exigen mayor prueba

La jurisprudencia no concede toda rehabilitación solicitada. En «Paiva, Liliana Esther c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/amparo ley 16.986», la Sala II de la Cámara Federal de San Martín revocó el 19 de octubre de 2020 una medida cautelar favorable. Consideró que los antecedentes de investigación no permitían descartar, en esa etapa inicial, una actuación como prestanombre y que no se encontraba suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho.^[10]

El tribunal también ponderó el interés fiscal y entendió que la invocación de urgencia no suplía los restantes requisitos cautelares. Se trató de una decisión provisional, no de una sentencia definitiva que validara cualquier limitación de CUIT. Su importancia radica en que la existencia de indicios concretos y el estado de la prueba pueden conducir a una respuesta distinta de la pretendida por el contribuyente.

Nuestra discrepancia con una utilización amplia del bloqueo subsiste aun frente a ese escenario. La necesidad de investigar una posible simulación no demuestra, por sí sola, que deba interrumpirse toda actividad del sujeto. Además de la sospecha sobre las operaciones, debe examinarse la necesidad de la medida y la posibilidad de controles menos gravosos. La gravedad de una investigación no debe hacer desaparecer el juicio de proporcionalidad.

Tampoco resulta suficiente calificar todo perjuicio empresarial como meramente patrimonial y, por ello, reparable. La pérdida de un cliente, el cierre de una unidad productiva o la interrupción de una cadena contractual pueden dejar consecuencias que una rehabilitación tardía no revierte. Ello no exime de probar el daño ni anticipa el resultado de una pretensión resarcitoria; impide minimizarlo mediante una clasificación abstracta.

8. Los daños que exceden la relación con ARCA

La restricción puede afectar la emisión de comprobantes, la continuidad contractual y la liquidez. Una venta que no puede documentarse regularmente puede frustrarse o postergarse. La demora en cobrar repercute sobre salarios, alquileres, proveedores y vencimientos fiscales. Si la actividad requiere una autorización o un registro alcanzado por la medida, el perjuicio puede aparecer aun antes de que se concrete una operación.

La publicidad de una condición de no confiabilidad agrega un efecto reputacional. Clientes y proveedores pueden reducir operaciones o exigir condiciones más gravosas para evitar contingencias. Esa reacción no significa que todos los contratos pierdan validez ni que cualquier comprobante sea automáticamente apócrifo. Significa que una clasificación administrativa puede producir consecuencias comerciales que exceden las expresamente dispuestas por el organismo.

Área afectada	Consecuencia posible	Elementos para acreditar el perjuicio
Facturación y ventas	Operaciones frustradas o diferidas por restricciones efectivas de autorización.	Rechazos del sistema, órdenes de compra y comunicaciones con clientes.
Liquidez y continuidad	Demoras de cobro y dificultad para afrontar obligaciones corrientes.	Flujo de fondos, vencimientos y comprobantes de cobranzas frustradas.
Relaciones comerciales	Suspensión de contrataciones o exigencia de condiciones más gravosas.	Avisos de clientes y proveedores, contratos y modificaciones documentadas.
Actividad regulada o aduanera	Impedimentos asociados a registros efectivamente alcanzados.	Estado del registro, operaciones detenidas y gastos relacionados.
Defensa y rehabilitación	Costos profesionales y tiempo destinado a obtener una respuesta.	Presentaciones, acuses, requerimientos y facturas de servicios profesionales.

La empresa pequeña suele disponer de menos margen financiero para soportar la interrupción y afrontar simultáneamente una defensa. Este efecto distributivo merece atención: una herramienta aparentemente uniforme puede ocasionar daños muy diferentes según el capital de trabajo disponible. La capacidad de resistir el bloqueo no debería determinar quién puede discutir una observación fiscal y quién termina aceptándola por necesidad económica.

El mecanismo también puede perjudicar el interés que pretende proteger. Un responsable que pierde ventas o financiamiento dispone de menos recursos para cumplir sus obligaciones. La preservación de la actividad formal no representa una concesión al evasor; integra una administración razonable del sistema tributario. El control debe separar al operador real de la estructura ficticia sin destruir, durante esa comprobación, la fuente de ingresos del primero.

9. Una modificación que confirma que existen alternativas

La Resolución General (ARCA) 5832/2026, publicada el 11 de marzo de 2026, eliminó de los anexos de la RG 3832 la causal de limitación por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico. Sus considerandos explican que el procedimiento que sustituyó al SIACE no contempla limitar la CUIT por falta de respuesta a requerimientos y fiscalizaciones electrónicas cursados en sus términos.^[11]

La reforma no derogó el conjunto de los estados administrativos ni suprimió las restricciones vinculadas con la base de contribuyentes no confiables. Su alcance es específico. No obstante, permite extraer una conclusión de política tributaria: el control electrónico puede organizarse sin convertir toda falta de respuesta en un impedimento para operar. La continuidad de una actividad y la exigencia de contestar requerimientos no son objetivos incompatibles.

El mismo criterio debería orientar una revisión más amplia. Los incumplimientos formales deben recibir las respuestas previstas para ellos, con sus procedimientos y posibilidades de defensa. Los indicios de fraude requieren investigación y medidas relacionadas con el riesgo efectivamente detectado. La agrupación de ambos universos bajo una consecuencia económica semejante favorece decisiones desproporcionadas.

Proponemos sustituir el bloqueo general por actuaciones individualizadas, con alcance limitado, motivación suficiente y revisión rápida. Si excepcionalmente se pretendiera una restricción capaz de paralizar una actividad real, debería existir un control judicial oportuno y especialmente exigente sobre su necesidad. Esta es una propuesta de garantía adicional; no una descripción de un requisito general de autorización judicial previa actualmente previsto para toda medida del artículo 35, inciso h).

10. La defensa frente a una CUIT limitada

La primera tarea consiste en identificar la medida y conservar su evidencia: estado registral, comunicaciones, fecha de conocimiento, servicios afectados y operaciones rechazadas. Luego corresponde obtener los antecedentes y distinguir si se exige subsanar un incumplimiento objetivo o si se imputa falta de capacidad operativa o participación en operaciones ficticias. La documentación y el planteo jurídico no son intercambiables entre ambos supuestos.

El descargo debe responder a los hechos concretos y acompañar respaldo pertinente: contratos, comprobantes, movimientos bancarios, bienes afectados, personal propio o contratado y demás elementos que expliquen la actividad. Cuando el organismo omite individualizar las inconsistencias, corresponde cuestionar esa insuficiencia y solicitar acceso a los antecedentes. La defensa no tiene que limitarse a acumular documentos sin conocer qué deben demostrar.

La pretensión de rehabilitación debe diferenciarse de la discusión definitiva sobre la inclusión en una base de riesgo. Cuando se impugna la suspensión de la condición de inscripto, resulta decisivo invocar expresamente el efecto suspensivo legal y conservar el acuse de la presentación. Si la limitación continúa, la fecha del reclamo y la falta de resolución adquieren relevancia propia, como muestran los precedentes recientes.

La tutela judicial exige adecuar la vía a la controversia. Una omisión manifiesta de respetar el efecto suspensivo no presenta el mismo problema probatorio que la discusión sobre la realidad de numerosas operaciones. El artículo 43 de la Constitución Nacional reconoce el amparo bajo sus condiciones de procedencia.^[3] La mera existencia de un daño no vuelve idónea cualquier vía, pero tampoco la necesidad de investigar el fondo justifica dejar sin protección una ilegalidad procedimental comprobable.

11. Conclusiones

ARCA cuenta con una habilitación legal para disponer medidas preventivas, pero no con una potestad ilimitada para excluir contribuyentes de la actividad formal. La validez de cada restricción depende de su causa, de la competencia de quien la dispone, del procedimiento, de la motivación y de su proporcionalidad. La existencia de una norma general o de una clasificación informática no satisface por sí sola esas exigencias.

El bloqueo general de la CUIT resulta una herramienta inadecuada como respuesta ordinaria a incumplimientos o diferencias pendientes de comprobación. Sus efectos pueden anticipar una sanción, presionar al responsable para abandonar una discusión legítima y trasladar daños a trabajadores, clientes y proveedores. La posibilidad de solicitar después la rehabilitación no repara necesariamente la pérdida de actividad sufrida durante la restricción.

La jurisprudencia reciente ofrece una protección concreta frente al mantenimiento del bloqueo mientras está pendiente una impugnación con efecto suspensivo. Esa protección debe operar en sede administrativa, sin obligar al contribuyente a litigar para obtenerla. A la vez, los antecedentes que rechazaron cautelares impiden prometer una solución judicial automática y refuerzan la importancia de acreditar los hechos y los perjuicios.

La prevención de la evasión requiere controles sobre operaciones y riesgos identificados, no una inhabilitación económica de alcance indeterminado. La CUIT debe conservar su función de identificación y vinculación con el sistema tributario. Convertir su operatividad en un instrumento de presión desnaturaliza esa función y debilita la legitimidad del control fiscal. Una administración eficaz debe poder investigar, determinar y cobrar tributos sin impedir injustificadamente que el contribuyente continúe trabajando.

Notas bibliográficas

[1] Ley 11.683, texto ordenado en 1998 por Decreto 821/1998 y sus modificaciones, artículo 35, inciso h); inciso incorporado por el artículo 189 de la Ley 27.430 (B.O. 29/12/2017). Ley 19.549, artículo 23, impugnación judicial. ↩

[2] Administración Federal de Ingresos Públicos, Resolución General 3832/2016, del 1/3/2016 (B.O. 3/3/2016), artículo 6 y anexos I y II, texto actualizado. Biblioteca Electrónica de ARCA, Anexo II en la versión correspondiente a la Resolución General 5832/2026, pp. 1–2. ↩

[3] Constitución de la Nación Argentina, artículo 14, artículo 17, artículo 18, artículo 28 y artículo 43. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, artículo 1 bis, artículo 7 y artículo 9, texto vigente. ↩

[4] Administración Federal de Ingresos Públicos, Resolución General 3358/2012, del 6/8/2012 (B.O. 10/8/2012), régimen histórico sustituido por la Resolución General 3832/2016. ↩

[5] Dambrosi, Gisela y Morán, Marcos, «Resolución general AFIP 3832/16: un ejemplo de control de la actividad estatal en materia tributaria y sus efectos», en Alonso Regueira, Enrique M. (director), El control de la actividad estatal II, 1.ª edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, diciembre de 2016, pp. 637–649, especialmente pp. 640–643. Fuente intermediaria para la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, «FDM Management SRL c/ EN-AFIP-DGI-RG 3358/12 s/amparo ley 16.986», 20/2/2014, causa 204/13. ↩

[6] Corte Suprema de Justicia de la Nación, «FDM Management SRL c/ EN-AFIP-DGI s/amparo-ley 16.986», 20/8/2014, expediente F. 241. L. Resolución de inadmisibilidad del recurso extraordinario, p. 1; reproducción documental del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta. ↩

[7] Sánchez Buteler, Javier Augusto, «Medidas preventivas o restricciones arbitrarias», Revista de Estudio de Derecho Tributario, Contabilidad y Auditoría, Universidad Blas Pascal, vol. 1, núm. 1, 2023, pp. 178–187, especialmente pp. 183–186. Publicado el 26/12/2023. DOI: 10.37767/3008-8216(2023)011. ↩

[8] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, «Interup SA c/ EN-ARCA-resol 3832/16 s/amparo ley 16.986», 23/9/2026, expediente 41.414/2025; distinción entre revisión de la base E-Apoc y rehabilitación provisional por el efecto suspensivo del reclamo. ↩

[9] Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, «Franklin Callizaya c/ ARCA – Dto. 953/24 s/amparo ley 16.986», 11/6/2026, expediente 3385/2026. Fuente: sumario y reseña jurisprudencial publicados en bdc, «Limitación de CUIT y base APOC: ARCA no puede mantener la inhabilitación si está pendiente el reclamo administrativo con efecto suspensivo», Jurisprudencia 85559/2026. ↩

[10] Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Sala II, «Paiva, Liliana Esther c/ Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/amparo ley 16.986», 19/10/2020, considerandos IV a VI y parte resolutiva; revocación de la medida cautelar de rehabilitación de CUIT. ↩

[11] Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Resolución General 5832/2026, del 10/3/2026 (B.O. 11/3/2026), considerandos y artículo 1, inciso a) e inciso b): supresión de la causal de limitación por incumplimiento a las Acciones de Control Electrónico. ↩