Red Federal de Concesiones: licitación vial por peaje
El Poder Ejecutivo dispuso que un conjunto de rutas de la Red Vial Nacional sea objeto de concesión por peaje, en el marco del proyecto “Red Federal de Concesiones”. Lo estableció el Decreto 1358/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, que entra en vigencia el 14 de noviembre de 2026. El régimen aplicable es el de la Ley 17.520 y sus modificatorias.
La medida apunta a incorporar nuevos tramos a la red ya concesionada en las etapas I, II, II-B y III, sin alterar las concesiones vigentes. El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, deberá convocar a licitación pública nacional e internacional dentro de los 12 meses posteriores a la entrada en vigencia del decreto.
Qué rutas identifica el anexo oficial
El anexo del decreto —titulado “Rutas Nacionales sujetas a concesión” (IF-2026-97440433-APN-ST#MEC)— identifica 27 rutas nacionales, no los tramos definitivos de cada concesión. El listado comprende las rutas nacionales 3, 9, 11, 12, 14, 16, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 50, 60, 81, 86, 89, 120, 121, 122, 151, 152, 158, 228, 237 y A0017, con el alcance provincial que detalla el propio anexo.
El decreto aclara que las rutas 3, 9, 11, 12, 14, 16, 33, 34 y 35 también formaron parte de etapas anteriores del mismo proyecto, pero que esa coincidencia no implica que se trate de los mismos sectores: los tramos que se incorporen ahora no comprenderán los ya concesionados en las etapas I, II, II-B y III.
Cómo se definirán los tramos y quién licita
La delimitación de los tramos no está fijada en el anexo. El artículo 2° faculta a Economía, a través de Transporte, a determinar su conformación previo informe técnico de la Dirección Nacional de Vialidad, integrándolos con la totalidad o parte de las rutas identificadas, siempre que no se encuentren comprendidos en concesiones vigentes.
Ese ministerio también queda facultado para aprobar pliegos y contratos, convocar la licitación, constituir comisiones evaluadoras, calificar oferentes, adjudicar y suscribir los contratos. La Dirección Nacional de Vialidad será la autoridad de aplicación de los contratos que se celebren, con funciones de supervisión y control, en los términos del artículo 30 de la Ley 27.445.
Según los considerandos, el proyecto se enmarca además en la declaración de sujeta a privatización de Corredores Viales SA, dispuesta por la Ley 27.742, y en el régimen de concesión de obra pública por peaje de la Ley 17.520. El objeto de cada concesión cubre la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, y la realización de explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales.
Vigencia y plazo de la convocatoria
El decreto rige desde el 14 de noviembre de 2026, el día siguiente al de su publicación. A partir de esa fecha corre el plazo de 12 meses para que Economía, por intermedio de Transporte, convoque la licitación pública nacional e internacional. Economía queda también facultado para dictar las normas complementarias y operativas que resulten necesarias.
La reorganización de infraestructura se cruza con otras decisiones de estos meses. En energía, el Gobierno avanza con adhesiones al RIGI de proyectos midstream y convocó una segunda ronda de negocios del RIGI para petróleo, gas y energía. El seguimiento está en Economía y Finanzas.
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