Tribunal Fiscal bonaerense: ARBA no puede gravar como crédito las cuotas de electrodomésticos

El Tribunal Fiscal de la provincia de Buenos Aires rechazó que ARBA gravara al 8% como actividad financiera los intereses de las ventas en cuotas de una comercializadora de electrodomésticos, que tributaba al 5% por la venta minorista. Mantuvo, en cambio, el ajuste sobre préstamos a terceros.

La Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación bonaerense resolvió el 29 de octubre de 2026 la causa Pardo S.A., en la que ARBA había determinado Ingresos Brutos del período 2013, en una determinación practicada en noviembre de 2019. El organismo pretendía tratar los intereses de la financiación de ventas de artículos para el hogar como ingresos de una actividad financiera autónoma, encuadrada como servicios de crédito y gravada al 8%, mientras que la comercialización minorista tributaba al 5%.

El Tribunal se apoyó en el artículo 219 del Código Fiscal, que establece que las actividades complementarias de una principal, incluida la financiación y los ajustes por desvalorización monetaria, reciben el tratamiento de aquella. Distinguió entre una empresa que presta dinero como negocio independiente y una que financia sus propias ventas en cuotas: en el segundo caso, el interés forma parte de una misma operación comercial cuyo precio se paga en forma diferida. Que los intereses estén registrados contablemente por separado no alcanza para considerar que existe otra actividad.

Suscribirme a +bdc

El nomenclador no reemplaza el análisis económico

El fallo también cuestionó la aplicación mecánica de los códigos de actividad: los nomencladores clasifican, pero no sustituyen el examen de si existe una explotación crediticia diferenciada. En el caso pesó que los ingresos financieros discutidos representaran alrededor del 10% del total combinado con los de la actividad principal. Con el mismo criterio, el Tribunal dio a los intereses punitorios por mora el tratamiento de la venta, porque sin venta financiada no habría cuota impaga.

La solución no excluye todos los ingresos financieros: el ajuste se mantuvo sobre los intereses de préstamos instrumentados mediante contratos de mutuo con terceras empresas. En cuanto a la prescripción, la mayoría rechazó la de la obligación tributaria, con el plazo de cinco años contado desde el vencimiento de la declaración jurada anual y el efecto suspensivo de la comunicación de diferencias, pero declaró prescripta la multa por omisión con el plazo de dos años del Código Penal, siguiendo antecedentes de la Corte Suprema.

El criterio interesa a distribuidores, industrias y comercios que financian directamente a sus clientes. Quienes tengan ajustes de Ingresos Brutos pendientes con ARBA pueden revisar además el plan de pagos con descuentos de la RN 23/2026.