Despido: la derogación de las multas laborales no modifica los derechos que ya se habían devengado

La Cámara Segunda del Trabajo de General Roca, en Río Negro, entendió que la derogación posterior de los incrementos de la Ley 25.323 no extingue un derecho que ya se hubiera incorporado al patrimonio. En el caso, igual rechazó ambos incrementos porque no se probaron los requisitos que los hacían exigibles mientras la norma estaba vigente.

El criterio quedó fijado el 11 de noviembre de 2026 en “Ramirez Hugo Alberto c/ Sepulveda Héctor Joaquín s/ ordinario” (RO-04839-L-0000, sentencia 189/2026), de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro. Es un pronunciamiento de una cámara provincial: no equivale a una doctrina nacional ni a un fallo de la Corte Suprema.

El trabajador, de un aserradero, dijo que había empezado antes de la fecha de registración y que en mayo de 2017 el empleador le negó verbalmente el ingreso. Reclamó las indemnizaciones por la desvinculación, créditos salariales, las certificaciones laborales y los incrementos de los artículos 1 y 2 de la Ley 25.323. La cámara hizo lugar en forma parcial a la demanda por despido, pero examinó por separado si esos agravamientos se habían devengado bajo el régimen anterior.

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La derogación no alcanza, si el derecho no se había configurado

El tribunal distinguió el cambio legislativo posterior de los presupuestos que debían cumplirse mientras los incrementos estaban vigentes. Consideró que la derogación no extingue un derecho ya incorporado al patrimonio, de modo que correspondía analizar si en el caso se habían configurado. Concluyó que no. Desestimó el del artículo 1 porque no se probó la falta de registración o la registración deficiente invocada, y el del artículo 2 porque no se acreditó una intimación fehaciente, en tiempo oportuno, para que el empleador pagara las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la LCT.

Sobre los rubros que sí reconoció, dispuso liquidar intereses según el artículo 55 de la Ley 27.802. Ese tramo no debe confundirse con el criterio de la Corte Suprema en juicios sin sentencia firme, ni reemplaza la guía general de cálculo de la indemnización por despido.